sábado, 11 de noviembre de 2017

LA POLÍTICA COMO VOCACIÓN CRISTIANA Y COMO OBLIGACIÓN MORAL



hispanismo.org

En estos momentos de total confusión intelectual, cultural, educativa, social y política se antoja especialmente importante volver a beber de la fuente del magisterio. Son funestas las frecuentes declaraciones y opiniones que se vierten en nombre del cristianismo que están en clara contradicción con la doctrina expresada por los santos Padres. Más flagrante es cuando incluso se escuchan de boca de la intelectualidad católica. El Magisterio Político de la Iglesia es parte inseparable de su Magisterio Social que se inició con la Encíclica Quanta cura y el Syllabus (o recolección de errores modernos elaboradas por Pío IX) a los que seguirían del denominado Corpus politicus leoninum, esto es, la doctrina de León XIII que arrancará con la Encíclica Rerum novarum. Ante la objeción de que los católicos no “debemos meternos en política”, plantearemos si existe esa vocación concreta e incluso si es obligatoria.

Los motivos justos de la acción política

En la medida que las revoluciones liberales iban triunfando en Europa y los nuevos regímenes políticos iban ocupando todos los espacios sociales, la Iglesia manifestó su preocupación sobre cuál debía ser el papel de los católicos en este nuevo contexto. Para ello, León XIII, en su Encíclica Inmortale Dei (1885), apuntó que: 

“Es también de interés público que los católicos colaboren acertadamente en la administración municipal, procurando y logrando sobre todo que se atienda a la instrucción pública de la juventud en lo referente a la religión […] Asimismo, por regla general, es bueno que la acción de los católicos se extienda desde este estrecho círculo a un campo más amplio, e incluso que abarque el poder supremo del Estado […] Puede muy bien suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en el gobierno de un Estado ni ocupar en él puestos políticos. Pero en general, como hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Tanto más cuando los católicos, en virtud de la misma doctrina que profesan, están obligados en conciencia a cumplir estas obligaciones con toda felicidad. De lo contrario, si se abstienen políticamente, los asuntos públicos caerán en manos de personas cuya manera pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado [….] Queda, por tanto, bien claro que los católicos tienen motivos justos para intervenir en la vida política de los pueblos”.

En general, como hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. (León XIII)

Este texto es sumamente sintético, pero merece una pequeña contextualización. Por un lado, la llamada del Papa a participar en la política municipal, se debía a que en aquél entonces buena parte de la educación era competencia municipal y no estatal. De ahí que los católicos se jugaran mucho según los derroteros que tomaran las escuelas públicas. Por otro lado, es notable encontrar la aclaración de que hay circunstancias en las que no un católico no sólo no está obligado a participar sino que lo tiene expresamente prohibido. Esta aclaración muestra que el Magisterio es doctrina, pero no ideología. 

Un ejemplo claro sería la situación del “non expedit”, esto es, una instrucción de Pío IX a los católicos italianos que le obligaba a no participar en la política y votar, tras el despoje de los Estados Pontificios, por parte de la dinastía liberal de los Saboya. Otro caso más que evidente sería, por ejemplo, en un régimen ateo como la Unión Soviética, donde la connivencia con el régimen sería imposible y profundamente inmoral (ello no quita la legitimidad de la resistencia). Por el contrario, en otras circunstancias, para un católico la participación política –aunque no se viva como vocación- se convierte en una obligación. 

En las actuales sociedades llamadas democráticas, podríamos plantearnos cuál es la condición o situación en la que un laico debe sentirse obligado moralmente a esta participación. Al respecto, siendo Josef Ratzinger presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó en 2002, una Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. La Nota se dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas y en ella se afirma: 

“Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad”. Sin lugar a dudas estamos ante esta circunstancia.

La coherencia política y moral

La gran pregunta, una vez uno se hace consciente de esta obligación moral de la acción política, es: ¿y dónde, cómo o con quién debo actuar? El Magisterio, evidentemente, nunca a señalado esas concreciones, aunque sí ha dejado claro dónde no se puede participar. León XIII, en la Inmortale Dei, nos da unos principios elementales: 

“en materias opinables es lícita toda discusión moderada con deseo de alcanzar la verdad, pero siempre dejando de lado toda sospecha injusta y toda acusación mutua. Por lo cual, para que la unión de los espíritus no quede destruida con temerarias acusaciones, entiendan todos que la integridad de la verdad católica no puede en manera alguna compaginarse con las opiniones tocadas de naturalismo y racionalismo, cuyo fin último, es arrasar hasta los cimientos la religión cristiana […] Tampoco es lícito al católico cumplir sus deberes de una manera en la esfera privada y de otra forma en la esfera pública, acatando la autoridad de la Iglesia en la vida particular y rechazándola en la vida pública […] Pero si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitido en estos casos una honesta diversidad de opiniones”. 

De aquí se deduce claramente que hay que tener la capacidad de distinguir lo opinable de lo que son principios y, sobre todo, evitar la doblez, tan típica en nuestros días de tener unas creencias en privado y proclamar las contrarias en público, simplemente por ser político. Que la Iglesia establezca, como debe ser, que se admiten opiniones diversas sobre las formas de gobierno, ello no implica que un católico pueda militar en cualquier formación o ideología.

Pablo VI, en su Carta Apostólica Octagesima adveniens, es muy contundente: 
“el cristiano que quiere vivir su fe siguiendo una acción política como servicio en provecho de los demás, no puede ser partidario, sin estar en contradicción consigo mismo, de sistemas ideológicos que son incompatibles, ya sea radicalmente, ya sea en los puntos esenciales, con la fe que profesa y con lo que siente acerca del hombre. Ni se puede, pues, ser partidario de la ideología marxista […] Ni es partidario de la ideología liberal, que afirma ensalzar la libertad de la persona sustrayéndola a toda regla, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando los vínculos sociales entre los hombres como consecuencias más o menos espontáneas de iniciativas privadas”. 

Este texto es fundamental ya que hoy en día muchos católicos tienen a bien proclamarse liberales.
“Y precisamente a vosotros jóvenes os decimos, movidos por vivo amor y por paternidad solicitud: el entusiasmo y la audacia no bastan por sí solos si no se hallan puestos, como es necesario, al servicio del bien y de una bandera inmaculada” (Pío XII).

Por hoy concluimos con una bonita llamada de Pío XII a los jóvenes que quieren participar de la vida política de su sociedad. En su Radio mensaje de Navidad 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial y las ideologías imperantes flagelaban Occidente, el Santo Pontífice reflexionaba sobre la juventud. La regeneración política pasaba por el entusiasmo de la juventud. Sin embargo, su acción política no puede serlo de verdad sin una referencia al pasado, a la tradición, y sin un espíritu que descarte toda componenda con los “males menores” y, por supuesto, los mayores. Proclama el Papa: 

“Y precisamente a vosotros jóvenes, inclinados a volver la espalda al pasado y dirigir al futuro la mirada de las aspiraciones y esperanzas, os decimos, movidos por vivo amor y por paternidad solicitud: el entusiasmo y la audacia no bastan por sí solos si no se hallan puestos, como es necesario, al servicio del bien y de una bandera inmaculada”. Ojalá la juventud sea capaz de asumir este reto.
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Javier Barraycoa

(Publicado en revista Ave María.)

lunes, 12 de junio de 2017

EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA


Invita a la presentación del libro del Dr. Héctor Hernández:

 "Sacheri y el Mandato Argentino".

Martes 27-6-2017, 19 horas

Presentarán el libro los Dres. Gerardo Palacios Hardy y  Agustín Pantano, luego disertará el autor.

Luego se recibirá públicamente el cuadro conteniendo la sábana ensangrentada, tras el atentado y asesinato del Dr. Carlos Alberto Sacheri.


Las actividades se desarrollarán en la sede del Instituto: Viamonte 1596 - 1ºPiso - Caba. 

INSTITUCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA


ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS (ACdP)

Conforme a la definición de sus Estatutos, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada el 3 de diciembre de 1909 por el padre Ángel Ayala SJ, y cuyo primer presidente fue el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, es:

*Una agrupación de seglares católicos con personalidad jurídica eclesiástica y civil, erigida como asociación católica y apostólica por la Conferencia Episcopal Española e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (nº 3169-SE/C).

*Una persona jurídica privada de la Iglesia (Decreto CEE 20 de noviembre de 1992) cuyo carisma se orienta a la propagación de la fe católica y al apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos.

*Una asociación de laicos que por una parte, une la vida intelectual y de estudio con la vida de piedad, orientándolas al servicio de la Iglesia, por la que se tiene un profundo amor filial; y por otra, que prima la iniciativa privada de sus asociados, con propia autonomía para la acción y determinación, dentro del cauce marcado por sus Estatutos.

La acción de la ACdP abarca toda la vida social y pública. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de testimonio evangélico -tanto en la vida privada y familiar, como en la pública- a cualesquiera otras consideraciones e intereses, adoptando actitudes inequívocas en favor de la verdad y la justicia y en defensa del ser humano.

domingo, 11 de junio de 2017

RENTA BÁSICA Y EL FUTURO DEL TRABAJO


EDUARDO DUHALDE

24-4-17


Prácticamente no pasa un día sin que desde los medios de comunicación nos llegue el mensaje de que, más temprano que tarde, las máquinas van a reemplazar al ser humano en una cantidad enorme de tareas. Al mismo tiempo, gracias a los avances de la medicina, la alimentación y la prevención, es notorio que aumenta la longevidad humana y la vida activa de las personas. Con ello, no solamente cada vez somos más en el mundo, sino que tenemos más tiempo productivo de vida. Finalmente, ante la creciente desocupación, crecen también las demandas ciudadanas que exigen la creación de empleos.

En resumen: cada vez hay menos puestos de trabajo, cada vez hay más gente que puede y necesita trabajar y hay enormes sectores de la sociedad que creen que el “pleno empleo” es posible, cuando en realidad el progreso tecnológico nos empuja a un mundo de “pleno desempleo”.

Pareceríamos estar ante una situación entrampada, sin salidas a la vista. Hay, sin embargo, algunas luces en el horizonte que pueden servir de guía para ir estructurando políticas de largo plazo –es decir, políticas de Estado– que nos permitan dar respuestas válidas a un problema que no podremos eludir.

Nuevos caminos ante un futuro ineludible. Descartemos de plano la alternativa, que muchas mentes lúcidas inexplicablemente parecen creer viable, de detener el desarrollo tecnológico. Es imposible. La historia demuestra que la tecnología solamente se doblega frente a una tecnología superior. En todo caso, el esfuerzo debe orientarse a descubrir nuevos y mejores caminos para solucionar los problemas. Retroceder a una situación presuntamente idílica, en la que había trabajo en abundancia para todos, ya no será posible.

¿Qué hacer entonces? Ante todo, reconocer que el problema existe y avanza. Y que, como todo problema complejo, no admite respuestas sencillas.
Si miramos lo que sucede en otras partes del mundo, en esos mismos medios que nos anuncian el inminente apocalipsis laboral veremos otras noticias que nos hacen entrever la solución.

En noviembre del año pasado, Canadá puso en marcha en dos ciudades importantes de la provincia de Ontario (Ottawa y Toronto) un plan piloto para otorgar una renta básica de mil dólares canadienses (unos 746 dólares estadounidenses) a todos sus ciudadanos a partir de 2017. 
Finlandia ha aprobado un programa piloto similar que durará dos años, en el que 2 mil ciudadanos recibirán a partir de enero 560 euros al mes. Si la evaluación de resultados es positiva, se avanzará gradualmente hasta cubrir a toda la población. 
Y en Suiza, en junio de 2016, se sometió a referendo un plan de renta básica para todos los ciudadanos. Fue rechazado, es cierto, y por un amplio margen de votos, pero es un tema que hace pocos años ni siquiera hubiera estado en la agenda de discusión.

Una idea revolucionaria con largos antecedentes. ¿En qué consiste la Renta Básica Universal o Renta Básica de Ciudadanía? Hace unos años, en el libro De Tomás Moro al Hambre Cero: La Renta Básica de Ciudadanía, Planeta, 2010 que prologó mi amigo Luiz Inácio Lula da Silva, abordé el tema.

La idea, que tiene numerosos antecedentes que se remontan a las utopías humanistas, comenzó a circular en su forma actual cuando los Estados de bienestar de los países desarrollados mostraron sus primeros síntomas de crisis. De manera simple, se puede expresar así: todas las personas tienen derecho, por el solo hecho de existir, a un ingreso que garantice su supervivencia.

Uno de los primeros proyectos para aplicar esta idea revolucionaria fue, aunque parezca contradictorio, el del economista conservador Milton Friedman, y recibió el apoyo de muchos intelectuales y pensadores de la época. La propuesta giraba en torno a un “impuesto negativo” y fue expuesta en el best-seller mundial Capitalismo y libertad, de 1962. Incluso el presidente Richard Nixon la incluyó oficialmente en sus planes de gobierno, aunque la iniciativa se frustró por razones por todos conocidas.

Esta frustración no impidió que en 1982 se pusiera en vigencia en Alaska un sistema por el cual todo ciudadano con seis meses de residencia en el territorio recibe una asignación mensual. En 2014 esa asignación fue de 1.884 dólares por persona.

Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente. No podemos dejar de mencionar aquí el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que implementamos en 2002 y que, con modificaciones que no siempre han sido mejoras, continúa vigente hasta hoy, y el Plan Bolsa Familia, implementado por el presidente Lula da Silva en Brasil, en un extraordinario y exitoso esfuerzo por combatir la pobreza y la miseria y generar inclusión social.

Que las dificultades no impidan las soluciones. Desde luego, cada vez que se exponen estas ideas surgen voces para señalar las dificultades en su aplicación. Y mi respuesta es siempre la misma: por supuesto que habrá problemas, corrupción e injusticias. Pero eso no debe detenernos en el objetivo final, que es la inclusión y la justicia social, sino incentivarnos a ser cada día más eficientes.
En este sentido, me parece muy ilustrativo formular un paralelo histórico. Cuando se propuso la idea de democracia representativa tal como la conocemos hoy en Occidente, basada en el voto secreto de todos los ciudadanos de un país, sin discriminaciones, también surgieron objeciones: ¿votarían los analfabetos? ¿Y las mujeres? ¿Y los militares? ¿Y los curas? ¿Cómo controlaríamos que no hubiera fraude? ¿Qué haríamos con los que no quisieran votar? Hoy, aunque sabemos que estamos lejos de la perfección, nadie discute la idea de que el voto universal es un derecho inalienable y que la democracia representativa es el mejor sistema posible de gobierno.

Con la Renta Básica Universal va a ocurrir lo mismo. ¿Que habrá miles de preguntas que responder? Sin dudas. ¿Que habrá problemas, marchas y contramarchas en su aplicación en los distintos países? Probablemente. ¿Que es una de las soluciones que inevitablemente deberemos implementar para garantizar la inclusión social y combatir la pobreza y la miseria en un mundo cada vez más complejo? De eso estoy seguro.

*Ex presidente de la Nación.



PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN


Eduardo Duhalde

Perfil, 11|06|17

Estamos ante un rotundo cambio de época. Hay un hecho que lo demuestra con nitidez en el terreno de la economía y las empresas. Luego de décadas de liderazgo indiscutido, YPF dejó de ser la empresa más valiosa de la Argentina. Entregó el lugar más alto del podio a Mercado Libre, una compañía digital de capital y origen nacionales que ya cotiza por encima de los 10 mil millones de dólares. Esta plataforma digital se dedica a compras y ventas entre usuarios inscriptos en su sistema online. El nuevo gigante argentino opera también en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.


Si los argentinos utilizamos esta y otras páginas para hacer masivamente nuestras compras, ¿por qué las distintas administraciones públicas continúan prefiriendo un sistema anacrónico y opaco, nido de la más alta corrupción?


Un ejemplo muy cercano. El mundo va en otra dirección, también en este terreno. Sin ir más lejos, los chilenos han adoptado Chile Compra, un sistema transparente que nuclea a más de 120 mil oferentes registrados. Tengamos en cuenta que el peso de las compras públicas del Estado trasandino es el 4,2% del PBI local.

Se trata de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Fue creado hace quince años y obliga al erario público a llamar a licitaciones y compulsas de precios cada vez que quiere adquirir un bien o un servicio.

Los resultados se vieron de manera casi inmediata. En estos quince años lograron erradicar la corrupción y ahorraron miles de millones de dólares en erogaciones innecesarias. Esta verdadera política de Estado se mantuvo a pesar de la alternancia entre los gobiernos de centroizquierda como el de Michelle Bachelet y de centroderecha como el de Sebastián Piñera.

Según datos oficiales, Chile Compra administra el mayor mercado electrónico del país, ya que 850 organismos del Estado están obligados a utilizarlo. De esta manera interviene en la adquisición de casi cien mil tipos de productos diferentes.

El mercado público chileno tiene un alto nivel de competitividad: el 93% de las licitaciones recibieron ofertas el año pasado desde todas las regiones del país y el 56,6% tuvo tres o más postulantes. Además, Chile Compra monitorea, asesora, capacita y acredita a los usuarios para que apliquen buenas prácticas y para que el Estado les pague en los plazos establecidos.

El balance es altamente positivo. En el índice de corrupción de la ONG Transparency International, Chile se ubica en el puesto 24 sobre 175 países auditados. En cambio, la Argentina en este mismo ranking figura en el número 95.

Vale recordar que, de acuerdo a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), las compras públicas son una de las actividades más vulnerables a la corrupción. El 57% de los casos de soborno tienen relación directa con los desembolsos de dineros públicos.

Por ello resulta clave que los organismos consideren en sus adquisiciones altos niveles de eficiencia, transparencia y probidad.


Un sistema transparente. ¿Por qué no adaptar, entonces, a nuestra idiosincrasia procedimientos que funcionan en geografías tan cercanas? ¿Podríamos contar con una “Argentina Compra”?

La respuesta es, a todas luces, sí. Sólo es cuestión de voluntad de la clase dirigente. La economía argentina es mucho más compleja y desarrollada que la chilena, donde predominan el sector primario-extractivo y los servicios. En cambio, nuestro país tiene un alto desarrollo del sector secundario-industrial, cuyas pymes podrían verse muy beneficiadas al empadronarse para ofertar en este tipo de plataforma.

Siguiendo el ejemplo del país vecino, se trataría de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda en forma conjunta, en nuestro caso, con el Ministerio de Modernización.

La idea principal radica en generar un padrón único de productores de bienes y servicios nacionales que, de acuerdo con el tamaño de nuestra economía, podría alcanzar a 250 mil personas y/o pymes. Este cuarto de millón de oferentes funcionaría dentro de una plataforma digital que les permitiría saber al instante de las nuevas licitaciones. Dado nuestro sistema federal, a una ley nacional de esta naturaleza deberían adherir provincias y municipios. De esta forma el sistema pondría a disposición de la ciudadanía y entes fiscalizadores toda la data de las compras públicas y la realización de obras de infraestructura y servicios. Esto permitiría realizar los controles a priori, porque de poco sirve endurecer las leyes y los mecanismos de contralor a posteriori de cometido el posible ilícito.

En pleno siglo XXI, transitando lo que muchos denominan “la cuarta revolución industrial”, resulta inconcebible que los Estados destinen vastos recursos a informatizar la salud, la seguridad y la educación, pero se nieguen sistemáticamente a hacer lo mismo con una oscura metodología de compras que maneja nada menos que 20 mil millones de dólares al año si sumamos las distintas esferas de competencia.

Escuchamos permanentes promesas de lucha para erradicar la corrupción, pero lo cierto es que hemos terminado en un sistema muy parecido a la cleptocracia, que envilece el ejercicio público y consume enormes recursos que debieran tener destinos nobles.

Por ejemplo, en la actual coyuntura es imposible pensar en la reducción del déficit mediante ajustes a la población o echando empleados. Transparentar el sistema de compras sería, entonces, un gran aporte a la mejora de las finanzas públicas, además de contribuir a la moralización de la sociedad y el Estado.

La corrupción es la principal causa de la pérdida de credibilidad de las instituciones y de la política. Una batalla prioritaria para erradicarla, como el sistema que propongo, fortalecerá la democracia y la ética pública y privada.


*Ex presidente de la Nación.

sábado, 10 de junio de 2017

LAS RAZONES DEL BIEN COMÚN


 El nuevo fascículo del “Boletín del Observatorio”

Obervatorio Cardenal Van Thuan, 2 - 6- 2017
 Bollettino DSC 1-2017

¿Estamos perdiendo la idea de bien común? O, más bien, ¿el bien común está perdiendo relevancia? O peor aún: ¿somos capaces de entendernos en lo que respecta al bien común? Estas son las preguntas a las que intenta responder el nuevo número del “Boletín de Doctrina Social de la Iglesia” del Observatorio Cardenal Van Thuân que, junto a La Nuova Bussola Quotidiana, ha organizado la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia que el arzobispo Giampaolo Crepaldi iniciará el 1 de junio. El fascículo contiene contribuionces de Mons. Crepaldi, Stefano Fontana, Danilo Castellano, Giovanni Turco y Samuele Cecotti.

De nuestras tres preguntas iniciales, tememos que la tercera sea la más realista. Todo grupo político dice querer el bien común; cada ley -es lo que se dice- es emanada por el bien común, pero la impresión que se tiene es que se está dañando al bien común porque las concepciones que se tienen del mismo son falsas."

El bien común es lo que legitima la autoridad política, también en democracia. El voto popular designa a los gobernantes, pero no legitima su autoridad. 
Tomemos como ejemplo los impuestos. Estos son lícitos, explica Cecotti en el fascículo del “Boletín”, cuando son moderados y cuando no están en contraste con el bien común. Pongamos a Italia como ejemplo: con nuestros impuestos el poder político financia el aborto, la fecundación artificial, el cambio de sexo, las familias que no son tales y, si se aprueba la ley, la eutanasia. La imposición fiscal actual de nuestro país, sería, por lo tanto, ilegítima, aunque legal. Sin hablar, además, de las actividades que el estado financia con nuestros impuestos y que son lícitas, pero problemáticas por el modo como son realizadas. La instrucción, por ejemplo, es un bien en sí misma, pero no lo es el modo centralizado e irrespetuoso del principio de subsidiariedad (fundamental para el juicio que hay que dar sobre el bien común) con el que es asignada.

El concepto de bien común también ha perdido relevancia entre los católicos, pues muchos de ellos no tienen ninguna duda que una relación homosexual contribuye al bien común. Está de moda el bien común entendido como el interés general, es decir, como la satisfacción de todo lo que los ciudadanos individualmente entienden que es su bien, o el bien del estado, como explica el prof. Danilo Castellano en el “Boletín” del Observatorio. Pero lo que los ciudadanos consideran que es su bien es opinión o deseo, y el bien del estado es, a menudo, el bien de unos pocos sobre muchos.

Por otra parte, si hoy se considera que ya no es posible conocer el bien, ¿cómo se puede hablar de bien común? Si prevalece el voluntarismo sin razones, o el interés sin argumentaciones, el bien común es la hoja de la higuera que esconde las miserias humanas. Pululan las falsificaciones; se dice que es bien común y nos nos entendemos. Si la sociedad es una convención, entonces también el bien común lo es y, por consiguiente, sus contenidos pueden cambiar según quiera la mayoría del momento.

Es necesario, por lo tanto, volver a considerar plenamente “las razones del bien común”, como reza el título del fascículo monográfico. De ello trata sobre todo la contribución del prof. Giovanni Turco, que recuerda ante todo que el bien común es un concepto moral, es decir, vinculado a los fines del hombre en la sociedad y, sobre todo, al fin último, que es Dios. Parte de aquí su verticalidad, es decir, la idea que sin Dios ningún bien común es posible, porque falta el fundamento mismo del bien. He aquí por qué una laicidad cerrada o indiferente a la verdad de las religiones y a la religión verdadera no es capaz de concebir ni de perseguir el propio bien común. El concepto requiere un papel público de la religión cristiana.

Una importante idea de fondo que atraviesa todo el fascículo es que el bien común están ciertamente delante de nosotros porque hay que construirlo con las virtudes sociales y políticas en relación con los fines del hombre en la sociedad; pero está también detrás de nosotros, porque es el orden en el que la persona debe estar arraigado si quiere ser persona, un orden no personalista y, por lo tanto, dado que la persona sigue al bien común y no lo precede, precisamente por esto es personalizante. 

Éste es el equívoco introducido por el personalismo (también cristiano): que la persona sea la síntesis del bien común implica una laicidad de la política que excluye a Dios del propio bien común, e incluye que se rechace la propia idea del bien común como orden que hay que conservar y no sólo como fin que hay que alcanzar. Por otra parte, si el fin no está expresado por un orden (finalizante) resulta ideológico, arbitrario y violento, es decir, contrario al verdadero bien común. El progresismo, visto como el conseguimiento de finalidades no inscritas en un orden, es una carrera a un futuro sin verdad; es una revolución porque es ruptura con el orden natural y tradicional; es violencia porque es una imposición de una verdad partidista como si fuera absoluta.

Todos ellos son argumentos que serán tratados y desarrollados por el arzobispo Crepaldi en su Escuela de Doctrina Social de la Iglesia con La Nuova Bussola Quotidiana.


Stefano Fontana

viernes, 26 de mayo de 2017

MARIHUANA MEDICINAL: ¿CABALLO DE TROYA?


www.mario-meneghini.blogspot.com.ar/2017/05/marihuana-medicinal.html

UNA LEY QUE SILENCIA LA DISCUSIÓN


Tomás Linn
Club Político Argentino

La gobernadora de Buenos Aires optó por evitar una confrontación y promulgó una ley que en realidad se parece a un edicto emitido por un papa desde su infalibilidad para establecer un nuevo dogma de fe. Si se hubiera dejado llevar por el sentido común, tal vez la habría vetado. Pero cada uno elige sus batallas y ella optó por este camino. En su provincia estará vedado discutir el número de desaparecidos. Se impuso que eran 30.000 y punto final.

De esa manera, una región de la Argentina lauda una discusión que divide aguas y muestra cuán apasionadas son las interpretaciones sobre cómo fueron los horrores legados por la dictadura militar.
La discrepancia está en el número de desaparecidos que dejó el cruento régimen instaurado por el general Jorge Videla cuando consolidó ya no sólo las más abyectas prácticas de crueldad, sino que además las justificó desde un cinismo que excedió todo lo imaginable.

Respecto de cuál fue el número exacto de desaparecidos, sorprende el tenor de un debate que es seguido con mucho interés desde afuera. Si bien Chile y Uruguay procesaron de forma más tibia esa revisión, queda la idea de que en la Argentina pronunciarse por un número u otro es un modo de expresar posturas previas. Hay gente que primero adoptó un discurso ideológico y luego, en función de ello, acomodó la cifra que mejor le convino.

Aun así, algunas cosas son evidentes. Si la Conadep, en los primeros tiempos de la democracia, con aquel legendario documento del “Nunca Más” prologado por Ernesto Sábato, estableció que la cifra comprobada de desaparecidos era de 8961 personas, en modo alguno la cifra será inferior a esa. Ese número es irrefutable, pues aquellas fueron desapariciones absolutamente certificadas.
Hasta 2003, la Secretaría de Derechos Humanos decía tener registradas denuncias de 13.000 casos. El número no tenía la contundencia de la Conadep, pero resultaba probable y verosímil.

En un régimen de terror y espanto, muchas personas optaron por no hacer públicos sus casos. Eso permitió especular respecto de cifras que pudieran ser más altas. Así se fue llegando a la de 30.000.
Es una discusión legítima que los argentinos procesan y que enfrenta intereses de todo tipo, impregnados de pasiones políticas.

Lo que sí generó asombro en la región, siempre atenta a la convulsionada realidad argentina, fue que la tan discutida cifra se convirtiera en dogma infalible por ley. Se resolvió la discordia de un solo plumazo. En la provincia de Buenos Aires, en las publicaciones y documentos oficiales y en los actos públicos, deberá decirse en forma explícita el número de 30.000 junto a la expresión “desaparecidos” cada vez que se haga referencia a la criminal represión desatada entre el 24 de marzo de 1976, cuando comenzó la dictadura, y el 9 de diciembre de 1983, cuando concluyó.

Más allá del sesgo político que cada sector quiera ponerle, la cifra será debate de historiadores por mucho tiempo al investigar para llegar al número más preciso posible. Sin embargo, la ley transformó un tema controvertido en un dogma. Quien se resista a su cumplimiento caerá dentro del nefasto estigma de ser “negacionista”, o sea alguien que niega lo que ocurrió. Sólo que en este caso no se trata de gente que niega, sino que tiene lecturas con matices diferentes sobre los mismos hechos y con igual condena a ellos.

La ley, pues, termina siendo una imposición autoritaria de una verdad quizá correctamente intuida, pero no científicamente demostrada.

Las leyes que imponen verdades no enteramente corroboradas, aun cuando tengan visos de verosimilitud, reflejan un autoritarismo antidemocrático donde lo único que prevalece es el sentimiento de infalibilidad que al final asfixia y amordaza a sociedades con vocación de libertad.

Una ley no puede cambiar la forma de pensar de nadie, aunque sus pensamientos sean abominables. Por lo tanto, castiga, sofoca, pero no modifica la realidad. Hace que quienes piensen diferente sigan haciéndolo, pero en círculos cerrados y silenciosos. Baja las voces, las soterra, pero no las elimina, y al final nadie sabe cuánto sobreviven pese al silencio impuesto.
Si eso pasa con convicciones referidas a ideas horribles (racistas, misóginas, homofóbicas, xenófobas), cuánto más pasará respecto de las que son al menos opinables.
La Argentina, enfrascada en la contienda por las cifras, no parece prestar atención a esta ley, un efecto colateral grave, cuyas consecuencias pueden ser duraderas y perniciosas.


(publicado en La Nación, 24/5/2017)

jueves, 25 de mayo de 2017

LA CAÍDA ARGENTINA


Relata el presidente Macri que el emperador de Japón expresó su sorpresa cuando él le comentó que teníamos un 30 por ciento de pobres, diciendo ¿cómo puede ser?
La sorpresa del emperador está plenamente justificada. En 1914,  la Argentina tenía un PBI per cápita de 3.480,5 dólares y Japón 1.312,3.

En aquella época se vendieron a Japón dos acorazados -Moreno y Rivadavia- para la guerra con Rusia. Adquiridos por el presidente Roca, se entregaron a Japón el 7 de enero de 1904. El Moreno -rebautizado Nisshin-. fue la nave insignia de la flota.

Hoy, luego de décadas de populismo se invirtió la relación y la Argentina tiene casi la tercera parte del PBI per cápita de Japón: 13.431 dólares contra 32.477 dólares (Banco Mundial 2015).
La Argentina es, seguramente, el país de peor desempeño económico a partir de la Segunda Guerra Mundial. Su ingreso per cápita pasó del séptimo lugar en el mundo al puesto 61. Retrocedimos 54 casilleros. Sorprende y preocupante.


(Fuente: carta al lector de Guillermo Laura, La Nación, 25-5-17)

BANCO DE ALIMENTOS

Con el lema Menos hambre, más futuro, el Banco de Alimentos tiene como objetivo contribuir a la reducción del hambre, mejorar la desnutrición y evitar el desperdicio de alimentos. En 2016, la cantidad entregada por empresas de la industria alimenticia, supermercados y productores agropecuarios llegó a 4.323.937 de kilogramos.

Así, colaboró con la alimentación de más de 110.000 personas por día a través de organizaciones comunitarias que brindan servicios de desayuno, almuerzo, merienda o cena a una población infantil (59, 3 %), adolescente (16,8 %) y adulta (23,9 %). Además, el año pasado se destacó por el nivel nutricional de los alimentos entregados. Gracias al compromiso de los 6.804 voluntarios que participaron de las tareas de clasificación, los alimentos llegaron a sus destinatarios en perfectas condiciones. Parte de ellos donó su tiempo de forma individual y otros se acercaron al depósito de la organización en grupo (voluntariado corporativo, escolar o de ONG).

Según se informó, el Banco de Alimentos cerró el año con excelentes resultados en recaudación, con más de 32.230 personas dentro de la comunidad de donantes, que colaboran para hacer posible el cumplimiento de la misión: Ayudar al que sufre hambre.

Por cuestiones técnicas, de tiempos en depósito o de packaging, ciertos productos no ingresan en los canales comerciales, pero siguen siendo perfectamente aptos para consumo y por eso se dona. Se entregan por día un promedio de 20 toneladas de mercadería, a 809 comedores.

(La Nación, Transporte y Logística, 25-5-17)
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